“Planteamos de manera irrestricta la defensa de la mano de obra local”, expresó Gatti durante su exposición. Recordó que el proyecto actualiza y reemplaza a la Ley 2904, sancionada en 1995, que requería modificaciones surgidas de la experiencia de su aplicación.
Entre los puntos centrales, se establece que las empresas que ejecuten proyectos en Río Negro deberán contratar al menos un 80% de trabajadores rionegrinos, con residencia mínima de dos años previos al contrato. Además, la persona contratada deberá ser argentina o naturalizada y residir dentro de un radio de 20 kilómetros de la obra.
Gatti señaló que “el debate legislativo podrá incorporar modificaciones, pero existe un acuerdo sobre los lineamientos generales de la ley”.
Por su parte, la Secretaria Avilez, que respondió consultas y evacuó dudas de las y los legisladores, subrayó que el proyecto convierte al Estado provincial en un actor activo y protector en un escenario nacional de ajuste y paralización de la obra pública.
En su exposición, destacó la tarea de la Unidad Rionegrina para el Desarrollo de Competencias Laborales (URDCL) y la creación del Servicio de Empleo Rionegrino (SER) como políticas que fortalecen la contratación local.
Para garantizar el cumplimiento, la iniciativa prevé sanciones progresivas que van desde multas hasta la rescisión de contratos y la suspensión de empresas en el registro de proveedores estatales, a fin de evitar maniobras de evasión o simulación.
Avilez también resaltó el carácter descentralizado del proyecto, que promueve la adhesión voluntaria de los municipios, respetando su autonomía y fortaleciendo una política de empleo con mirada territorial.
Por último, se prevé la creación de un Registro Provincial de Trabajadoras y Trabajadores Desempleados, herramienta clave para ordenar, actualizar y canalizar la oferta laboral en toda la provincia.